Declaración de México sobre Educación en Derechos Humanos



[***Moderator's note: Please find below the text of the Declaration and
Programme of Action adopted at the Regional Conference on Human Rights
Education in Latin America and the Caribbean, held in Mexico, 28
November-1 December 2001. We will post the English version as soon as it
becomes available. For further information on the proceedings, results and
follow-up to this regional consultation, please also see the archives of
the "Red Interamericana de Educación en Derechos Humanos", educa-dh,
<http://www.iidh.ed.cr/listas/educa-dh.asp> ***]


Estimadas amigas y amigos,

Tengo el enorme placer de informarles que en el sitio web
<http://catedradh.unesco.unam.mx>, pueden encontrar los documentos de la
Conferencia Regional sobre Educación en Derechos Humanos en América
Latina y El Caribe, realizada en la ciudad de México del 28 de noviembre al
1o. de diciembre del 2001, incluyendo la DECLARACIÓN DE MÉXICO 2001
(recientemente distribuida por "educa-dh") y un proyecto de seguimiento de
la misma (ponencias, foros, fotos).

Este espacio virtual representa el inicio del proyecto de seguimiento de
dicha conferencia que realizamos en colaboración con la Representación de
la UNESCO de México y gracias a la generosa contribución de la empresa
SAXSA que nos permitió aprovechar su producto Web Gestiones.

A través de dicho sistema de administración, depósito, registro y
distribución de información por Internet, comenzamos a construir un sitio
interactivo que nos permita coadyuvar al seguimiento y cumplimiento del
Programa de Acción de la Declaración de México.

Este sitio pretende construirse con la participación de todas y todos
ustedes, para lo cual no sólo esperamos sus comentarios, sino su más
entusiasta colaboración en la dirección: <catedrah@servidor.unam.mx>.

Atentamente

Dra. Gloria Ramírez
catedrah@servidor.unam.mx

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DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE EDUCACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Ciudad de México, 28 de noviembre - 1º de diciembre de 2001

La Conferencia Regional sobre Educación en Derechos Humanos en América
Latina y el Caribe, realizada en la ciudad de México del 28 de noviembre
al 1º de diciembre de 2001 y organizada por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la
oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OHCHR) y el gobierno de México, reunió representantes de
organismos gubernamentales e intergubernamentales, instituciones
nacionales de protección y promoción de los derechos humanos,
organizaciones no gubernamentales (ONG), cátedras UNESCO de derechos
humanos e instituciones académicas.

Esta Conferencia tuvo como objetivos analizar el estado actual de la
educación en derechos humanos en América Latina y el Caribe, además de
debatir y adoptar recomendaciones concretas en los ámbitos nacional y
regional en esta materia.

Considerando que la educación en derechos humanos es en sí un derecho
fundamental, los Estados miembros de las Naciones Unidas proclamaron
unánimemente el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en
Derechos Humanos (1995-2004), reiterando, de esta forma, otros compromisos
asumidos internacionalmente.

La Conferencia expresa su preocupación porque en el presente momento el
ejercicio de los derechos humanos se pueda subordinar a políticas de
seguridad nacional, así como también por que se hubiese producido una
inmovilidad en cuanto a impulsar agendas de avance de los derechos
humanos, concretamente las recomendaciones de la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia. (Durban, Sudáfrica. 2001).

En América Latina y el Caribe se asiste a transiciones democráticas
importantes, aunque todavía se constata una distancia entre los marcos
constitucionales y la realidad. Sin embargo, emerge una sociedad civil que
busca construir nuevas relaciones con el Estado.

La región comienza el siglo XXI en un contexto político, económico y
social caracterizado por la desigualdad, no sólo de individuos sino de
pueblos y comunidades que viven en la marginalidad social, en la pobreza y
excluidos de los beneficios del desarrollo económico. A pesar de las
numerosas promesas de las políticas económicas, los programas de ajuste
estructural y los proyectos de reforma del Estado puestos en marcha por
gobiernos e instituciones multilaterales en América Latina y el Caribe, la
realidad refleja una enorme concentración de la riqueza, que hace de esta
región la más desigual del planeta.

Además, fenómenos como la corrupción, la impunidad, el desigual acceso a
la justicia, el deterioro de las condiciones de vida y del medio ambiente,
el desempleo, el déficit en vivienda, la salud y la alimentación, han
conducido al recrudecimiento de la criminalidad y la inseguridad, lo cual
limita la participación y los procesos de organización ciudadana. Los
avances en derechos humanos son todavía precarios.

En relación con la educación, en las ultimas décadas se observan logros
relativamente positivos, aunque lentos, en alfabetización de adultos y
educación básica, pero bajos todavía en educación secundaria y superior.
El derecho a la educación -su acceso, permanencia y calidad- para todas y
todos, es aún una materia pendiente en la región.

Durante los años ochenta, la educación en derechos humanos en América
Latina y el Caribe se extiende como práctica preventiva que busca defender
la vida y coadyuvar a las transiciones democráticas; en los noventa
adquiere legitimidad institucional y se especializa hacia diversos
destinatarios y niveles de acción. Hoy la educación en derechos humanos es
importante porque promueve prácticas que permitan a las personas y los
pueblos el conocimiento y goce de sus derechos, su empoderamiento y la
consolidación de una cultura democrática, la paz y el fortalecimiento del
Estado de derecho.

A pesar de estos avances, queda mucho por hacer, como lo demuestra la
evaluación de la mitad del periodo del Decenio de las Naciones Unidas para
la Educación en Derechos Humanos, que presenta grandes obstáculos:
escasa voluntad política, aplicación desigual de recursos y
desconocimiento de los derechos humanos.

Cabe señalar los esfuerzos recientes en América Latina y el Caribe para
fortalecer la educación en derechos humanos y constituir los elementos
básicos de una propuesta latinoamericana y del Caribe, entre los que
destacan la Declaración de Mérida (Venezuela, 1997) celebrada por los
ministros de educación de los países iberoamericanos; el Encuentro de Lima
de Investigadores en Derechos Humanos (Perú, 1999) organizado por
Instituto Interamericano de Derechos Humanos; la Reunión de Gobiernos
sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la Región de
América Latina y el Caribe (Ecuador, 1999) impulsada por la OHCHR; y el
Plan Latinoamericano para la Promoción de la Educación en Derechos
Humanos, resultado del Seminario Latinoamericano de Educación para la Paz
y los Derechos Humanos (Venezuela, 2001) de la Red Latinoamericana de
Educación para la Paz y los Derechos Humanos del Consejo de Educación de
Adultos de América Latina (CEAAL)

En consecuencia, la Conferencia adopta por aclamación y recomienda la
inmediata ejecución y, en particular, en lo que resta del Decenio, del
siguiente

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PROGRAMA DE ACCIÓN


RECOMENDACIONES GENERALES

Instar a los Estados para que asuman su responsabilidad como garantes,
protectores y promotores de los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales, medioambientales y de una cultura de derechos
humanos y paz.

CONCEPTOS Y METODOLOGÍAS

Los Estados deben incluir en los planes nacionales de educación temas de
derechos humanos, paz y democracia, a la par de diseñar políticas
multisectoriales, interdisciplinarias e interculturales de educación en
derechos humanos. También es preciso que articulen políticas de igualdad
en todas sus formas con políticas de identidad que permitan la
participación de la comunidad. El manejo de los proyectos y programas ha
de reflejar comportamientos éticos y democráticos. Estos planes deben ser
monitoreados y evaluados permanentemente.

La educación en derechos humanos debe centrarse en el sujeto -individual
y/o colectivo-, y en todo momento debe reforzar la universalidad e
indivisibilidad así como propender la justiciabilidad de los derechos.
Además, incluir de manera integral la educación para la democracia y el
desarrollo, trabajando la memoria histórica para garantizar el "nunca
más".

La educación en derechos humanos debe ser un proceso de
enseñanza-aprendizaje, que transforme la vida de las personas e integre lo
individual con lo comunitario, lo intelectual con lo afectivo. Debe
relacionar la teoría con la práctica y éstas a su vez con la realidad de
nuestros países, señalando los obstáculos que impiden o postergan el goce
de los derechos.

Un componente fundamental de la educación en derechos humanos que debe ser
reforzado en todas las actividades, es el reconocimiento y valoración de
la pluralidad cultural presente en la región. La formación para el diálogo
intercultural e interétnico debe ser un contenido y eje transversal de los
planes, programas y proyectos de educación en derechos humanos.

La educación en derechos humanos debe desarrollar objetivos, metodologías,
enfoques sectoriales y trabajar con ejes transversales apropiados para
cada nivel, grado, disciplina y carrera. Adicionalmente, debe propiciar el
uso de nuevas tecnologías informáticas, Internet entre ellas, y aprovechar
diferentes expresiones artísticas.

Cada Estado debe crear instrumentos y promover redes para revisar,
sistematizar y difundir las experiencias y materiales de educación en
derechos humanos, en colaboración con las organizaciones no
gubernamentales e instituciones académicas, para su internalización por
parte de la sociedad. También debe diseñar, desde un enfoque
interdisciplinario, acciones de difusión que contrarresten los discursos
que pretenden desprestigiar la lucha por los derechos humanos.

EVALUACIÓN Y MONITOREO

Se insta a los Estados, en cooperación con los organismos internacionales,
las universidades, los centros de investigación y las organizaciones de
derechos humanos, a la elaboración de instrumentos de evaluación que
contengan indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan monitorear
los resultados, así como evaluar la efectividad y el impacto de los planes
de educación en derechos humanos. En el ámbito regional deberá servir para
difundir la práctica de la evaluación de todo trabajo en este campo.

Se solicita a la OHCHR y a la UNESCO fomenten y participen activamente en
la preparación de indicadores de evaluación regionales y subregionales.

Instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la
sociedad civil y centros académicos, deben diseñar y habilitar
instrumentos y procesos de seguimiento nacional de las acciones de
educación en derechos humanos que llevan a cabo los Estados. Asimismo,
impulsar foros consultivos donde se puedan discutir y monitorear en el
ámbito local las carencias y los avances de programas de educación en
derechos humanos. Por ello se recomienda que los organismos y agencias
internacionales, así como los Estados, apoyen estas iniciativas.

Se insta a los Estados a presentar informes ante organismos
internacionales sobre sus planes nacionales, planes de acción de
Conferencias Mundiales y en educación en derechos humanos, para que sean
motivo de seguimiento y verificación por parte de la comunidad
internacional.

Se pide a la sociedad civil utilizar los mecanismos de protección
existentes, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para
denunciar los casos de incumplimiento por los Estados respecto a la
educación en derechos humanos.


RECOMENDACIONES NACIONALES

Se insta a los Estados a ratificar los instrumentos internacionales
vigentes relacionados con la instrumentación de políticas públicas
relativas a la educación en derechos humanos, como la Convención Relativa
a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza; la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial; la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la
Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer;  la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migrantes y sus Familias y la Convención Americana para
Prevenir y Sancionar la Tortura.

Urge que los Estados impulsen la creación de un Comité Nacional para la
Educación en Derechos Humanos con la participación de todos los sectores
sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas,
cátedras UNESCO, representantes de órganos estatales y provinciales, para
cumplir el mandato de elaborar un Plan Nacional de Acción en Educación en
Derechos Humanos, de conformidad con las directrices de Naciones Unidas.
Se solicita a los Estados también proveer los fondos necesarios para
impulsar la elaboración, implementación y evaluación del Plan Nacional de
Acción, así como promover la difusión y divulgación de las normas y la
jurisprudencia internacional y nacional de protección de los derechos
humanos.

Se recomienda a los Estados privilegiar la educación en derechos humanos
en los planes de acción y políticas nacionales contra la discriminación en
todas sus formas, ya que la educación en derechos humanos es uno de los
instrumentos para fortalecer la democracia y una cultura de paz frente a
las amenazas del terrorismo en todas sus manifestaciones, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia.

Se insta a los Estados a promover, conjuntamente con las ONG, la creación
de espacios de colaboración permanentes y redes nacionales mixtas
(entidades gubernamentales, defensorías del pueblo, cátedras UNESCO,
universidades, etcétera) para impulsar la educación en derechos humanos.
Se pide a las organizaciones internacionales que faciliten la colaboración
entre el Estado y la sociedad civil.

Asimismo, se insta a los Estados a que faciliten el trabajo de las ONG y
ofrezcan también apoyo económico para sostener sus esfuerzos, actividades
educativas y de promoción en derechos humanos y exentarlas de impuestos.

Se solicita a los Estados que garanticen el derecho de acceso a la
información sobre educación en derechos humanos en general, así como
políticas, planes e informes gubernamentales.

Se insta a los Estados a cumplir las recomendaciones sobre educación en
derechos humanos emitidas por organismos internacionales y regionales.

Se requiere que las empresas asuman su responsabilidad social en el
respeto de una cultura de derechos humanos, desarrollo, democracia y paz.


RECOMENDACIONES REGIONALES

Se abordó la necesidad e importancia de tener una Convención Americana
sobre la Educación en Derechos Humanos que disponga la obligación de
desarrollar y poner en marcha planes nacionales más allá del Decenio de
las Naciones Unidas en Educación en Derechos Humanos y asegure la
continuidad y fortalecimiento de esta importante área de trabajo. En este
contexto, se recomienda que los Estados consideren la viabilidad de dicha
Convención.

Se solicita a la OHCHR y a la UNESCO realizar foros regionales y
subregionales orientados a compartir y sistematizar experiencias,
publicaciones, metodologías e instrumentos de formación.

Se recomienda que organizaciones internacionales, regionales y los Estados
realicen actividades de educación en derechos económicos, sociales y
culturales en colaboración activa con las ONG, defensorías del pueblo y
asociaciones profesionales y académicas, poniendo a disposición asistencia
técnica y apoyo financiero.

Se aconseja la creación de redes mixtas (gobiernos, ONG, defensorías del
pueblo, grupos de profesionales, universidades, etcétera) regionales y
subregionales que traten del tema y el trabajo en educación en derechos
humanos. Estas redes facilitarán el flujo de información sobre los
desarrollos y avances en la materia, así como el intercambio de
experiencias.


RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

EDUCACIÓN FORMAL

Se insta a los Estados a democratizar la libertad de cátedra y propiciar
el cambio de modelos educativos tradicionales, autoritarios y verticales
por modelos integrales, de cooperación y tolerancia, horizontales, que
permitan construir sociedades democráticas y transformadoras.

La escuela/universidad está llamada a incorporar los principios de
tolerancia, equidad y convivencia pacífica como parte de la enseñanza
desde un conocimiento plural, crítico, constructivo y racional. Debe,
además, favorecer la crítica, el respeto a la diferencia y ser una guía
moral, de manera permanente y, en especial, en tiempos de crisis, para la
consolidación de una cultura de paz y derechos humanos.

Los Estados deben diseñar políticas orientadas a integrar la educación en
derechos humanos en los programas curriculares de todo el sistema
educativo nacional. Especial énfasis se deberá tener en los principios de
indivisibilidad de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales), así como en los derechos de grupos vulnerables
como etnias nacionales, minorías lingüísticas y religiosas, migrantes,
mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y aquellas que viven con
VIH/SIDA. Deberá hacerse un esfuerzo especial para utilizar los idiomas
locales y desmitificar los términos técnicos.

Educación básica

Los Estados deben realizar acciones concretas que garanticen el derecho a
la educación (acceso-permanencia) para todas y todos. Ésta será de calidad
y promoverá una cultura escolar que respete los derechos humanos y los
principios democráticos. En este sentido, los Estados establecerán
mecanismos para garantizar la libertad de enseñanza, de modo que no se
subordine a la lógica del mercado ni se transforme en un producto de
consumo privilegiado.

De acuerdo a los compromisos asumidos con la comunidad internacional, para
todos los docentes de los distintos niveles de la enseñanza, los Estados
deben garantizar condiciones laborales dignas. La introducción sistemática
de componentes de la educación en derechos humanos en la formación inicial
y continua de los docentes, debe ser una prioridad fundamental en los
próximos años.

Es un deber del Estado, elaborar y ejecutar políticas de afirmación
positiva, orientadas a garantizar el acceso y permanencia en el sistema
educativo de los grupos sociales y culturalmente discriminados.

Es preciso que los Estados atiendan las necesidades educativas especiales
y procuren los medios para lograr la inclusión de todas las personas en el
sistema escolar.

Los Estados deben generar espacios de intercambio entre docentes y
organizaciones que promuevan la educación en derechos humanos para
compartir experiencias, discutir enfoques y materiales. Asimismo, les
corresponde apoyar la elaboración de instrumentos educativos que faciliten
la educación en derechos humanos y garanticen su distribución y difusión.

Los Estados deben promover los procesos de descentralización
administrativa y curricular para que escuelas y docentes adquieran mayor
protagonismo en el diseño y gestión de sus propios proyectos educativos;
así también deben favorecer procesos democráticos y la incorporación de
componentes de educación en derechos humanos.

En cooperación con los organismos internacionales, instituciones
académicas, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales,
los Estados deben procurar que en el currículo de la formación inicial de
docentes se incorpore la educación en derechos humanos, además del diseño
de planes de formación continua para quien ya está en ejercicio
profesional. La formación de los docentes tiene que incluir saberes
pedagógicos específicos para que puedan liderar las innovaciones
educativas.

Educación superior

Se insta a los Estados y autoridades universitarias a garantizar la
libertad de cátedra, valorizar la labor docente y la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa, especialmente la de
educadores/defensores en derechos humanos.

Las universidades deben propiciar y fomentar la instrumentación de los
planes nacionales, contribuir a su diseño y realización conforme a los
objetivos del Decenio.

Se recomienda la instalación de defensorías de derechos universitarios en
todos los países.

Se insta a los Estados a vincular la docencia en derechos humanos con la
investigación como un elemento indispensable de rigor académico y
contenido democrático para contrarrestar los peligros de ambigüedad y
manipulación ideológica.

La universidad debe desarrollar, desde una visión amplia en todos los
niveles, componentes de los derechos humanos en cada carrera (de manera
obligatoria, opcional y/o transversal) con una metodología sólida y un
carácter plural. Asimismo, debe proponer temas clásicos y paradigmáticos
sobre derechos humanos, así como la enseñanza del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario e incentivar
investigaciones sobre la realidad nacional y/o regional desde la
perspectiva de la población-víctima de violaciones a sus derechos, para
conocer las causas que las originan y contribuir en propuestas para su
erradicación.

Es necesario constituir un banco de proyectos de investigación de
educación en derechos humanos y favorecer la búsqueda de financiamientos
para potenciar la colaboración interuniversitaria. Además, es
indispensable propiciar el servicio social y las prácticas previas a la
titulación vinculadas con necesidades urgentes de la población y temas
paradigmáticos en derechos humanos.

Las universidades deben formar estudiantes, profesores y promotores de
derechos humanos desde una enfoque integral enriquecido por la
investigación.

Es indispensable requerir de los Estados, los organismos regionales de
educación superior y las propias universidades de la región, la garantía
de una formación profesional comprometida con los valores y principios de
la democracia para que ello forme parte de los perfiles profesionales y
las competencias requeridas en el ejercicio de los mismos.

La universidad debe propiciar el desarrollo de la Red de Cátedras de
Derechos Humanos, Democracia, Paz y Tolerancia así como aportes para
vincularse con instituciones como la UNESCO, la OHCHR, el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y otras agencias regionales e
internacionales.

Las universidades deben desarrollar especializaciones y cursos de
postgrado en derechos humanos en el ámbito regional como una formación de
excelencia que incida en la realidad de cada país. Asimismo, deben
favorecer una coordinación regional e intercambio de experiencias y
aportes entre universidades, cátedras UNESCO de derechos humanos y centros
de investigación de educación superior.

Se recomienda que la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad
Nacional Autónoma de México sea el punto focal para dar seguimiento y
elaborar un estado del arte sobre la educación superior en América Latina
y el Caribe con participación amplia de otras universidades.

En la educación superior es necesario realizar reuniones anuales sobre
formación en derechos humanos, con objeto de dar seguimiento a los
acuerdos tomados, analizar e intercambiar experiencias e investigaciones.


LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DESDE EL HORIZONTE DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL

Se recomienda la organización de campañas que promuevan todos los
derechos, desde su integralidad e indivisibilidad, incluso la eliminación
de formas de discriminación indicando los mecanismos de su
justiciabilidad; al mismo tiempo realizar campañas sobre temas específicos
relevantes al contexto nacional o local. Estas campañas deben tener como
objetivo estimular el desarrollo de una cultura en derechos humanos y
realizarse de manera conjunta entre todos los posibles actores sociales y
gubernamentales, defensorías del pueblo y medios de comunicación.

Se estima conveniente aprovechar diferentes expresiones artísticas, medios
audiovisuales y de comunicación, como la televisión y la radio, en la
educación no formal en derechos humanos.

En el ámbito de la educación no formal en derechos humanos, se recomienda
dar particular atención a la situación de las poblaciones migrantes para
crear una mayor sensibilidad en la sociedad sobre la discriminación que
sufren estos grupos.


LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DESDE EL HORIZONTE DEL SERVICIO PÚBLICO Y
LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Se recomienda a los Estados, como una forma de garantizar el acceso a la
justicia, el fortalecimiento de la institución del ombudsman (Defensor del
Pueblo) o promover su creación, a la luz del potencial de esta figura en
la promoción de la educación en derechos humanos, apoyando su autonomía
financiera y de gestión, la capacitación de sus funcionarios y la creación
de la carrera profesional.

Urge que los Estados impulsen estrategias educativas integrales,
sistemáticas y transversales en derechos humanos para funcionarias y
funcionarios como parte de su carrera profesional, que desarrollen un
nuevo perfil centrado en el servicio, la ética pública, la equidad de
género, el respeto a los grupos vulnerables y la responsabilidad pública
en la rendición de cuentas. Esto permitirá que los funcionarios públicos
gocen de credibilidad ante la ciudadanía. Asimismo, impulsar programas
especiales de educación en derechos humanos para grupos específicos de
profesionales con relevante incidencia en la vida nacional.

Apremia que los Estados revisen la instrucción de militares y cuerpos de
seguridad desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario y de
los derechos humanos, para evitar las violaciones de éstos y prevenir
prácticas de impunidad.

Los Estados deben fortalecer los procesos de investigación judicial y de
registro de identidad mediante el entrenamiento en derechos humanos de los
operadores del sistema judicial y funcionarios de registros civiles y
electorales.

Los Estados deben formular los mecanismos necesarios para que se avalen y
revaliden aquellos cursos de derechos humanos reconocidos, convirtiéndolos
en un elemento de la promoción laboral dentro de las diversas
especializaciones profesionales (fuerzas del orden público)

Se invita a los Estados, en cooperación con las organizaciones
internacionales, ONG, centros académicos y de investigación en derechos
humanos y otros miembros de la sociedad civil, a incluir y/o consolidar
cátedras de derechos humanos en la formación de profesionales que tengan
responsabilidades relativas a la protección e implementación de los
derechos humanos, particularmente en el sector militar, fuerzas de
seguridad y agentes de procuración de justicia, servicios de inmigración,
personal del sistema penitenciario, trabajadores sociales y
parlamentarios.

Asimismo, se recomienda a los Estados sistematizar e intercambiar
experiencias de educación en derechos humanos desarrollados con
profesionales, funcionarias y funcionarios públicos.


LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y LOS PUEBLOS
INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES

Se insta a los Estados a impulsar el proceso de promulgación de la
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración
Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para que sirvan
de marco conceptual de la educación en derechos humanos.

Se señala a los Estados que la educación en derechos humanos de los
pueblos indígenas debe vincular el proceso de desarrollo con su identidad,
promoviendo un sentido intercultural y bilingüe que propicie el diálogo de
los saberes, los valores, las distintas visiones del mundo entre los
pueblos indígenas y la sociedad nacional.

Se recomienda a los Estados potenciar espacios subregionales existentes
basados en criterios geográficos, históricos y culturales que trasciendan
las fronteras políticas nacionales (por ejemplo, la cuenca amazónica y el
espacio andino) para la educación en derechos humanos.

Se solicita a los Estados promover una política multilingüe que permita la
creación de instituciones encargadas de la planificación lingüística y la
producción de materiales que reafirmen la identidad cultural de los
pueblos indígenas, incluso frente a los procesos de globalización, como
marco metodológico para la educación en derechos humanos.

Se insta a los Estados a propiciar la intervención de los pueblos
indígenas y afrodescendientes en la preparación de los libros de texto
referidos a su cultura, ya que es importante que éstos reflejen no
solamente su lengua sino sus ideas y su visión del mundo.

Se pide a los Estados detectar y corregir en los libros de texto
utilizados en la educación formal cualquier contenido o expresiones que
resulten racistas o discriminatorias hacia los pueblos indígenas,
afrodescendientes y otros sectores sociales que sufran discriminación,
haciendo justicia a su aporte en la historia.

Se insta a los Estados a potenciar los actores sociales discriminados
-pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiados, desplazados,
personas con discapacidad, enfermos de SIDA, entre otros-, de tal modo que
intervengan directamente en la elaboración e implementación de propuestas
de acción que los involucran.

Se recomienda a los Estados incluir en los planes nacionales, respecto a
la educación en derechos humanos, la capacitación específica a todos los
servidores públicos con la finalidad de superar prácticas
discriminatorias. Entre estos funcionarios se debe considerar
especialmente a procuradores, peritos y administradores de justicia;
personal de migración, del sistema penitenciario, del registro civil y del
electoral; trabajadores del sistema de salud y educadores, entre otros.

Se solicita a los Estados promover acciones educativas y de protección de
la población migrante con el objeto de brindar reconocimiento efectivo y
protección a los derechos humanos de estas poblaciones.

Se pide a los Estados sensibilizar a la sociedad sobre la situación y
derechos de las poblaciones nacionales que sufren marginación y
discriminación, prestando particular atención a los migrantes.

Urge que los Estados promuevan la corresponsabilidad de los diferentes
actores en el tema de educación en derechos humanos e involucren a la
sociedad civil y a los pueblos indígenas.


SEGUIMIENTO

Se solicita a los Estados que den a conocer ampliamente los resultados de
esta Conferencia Regional y difundir la Declaración de México sobre
Educación en Derechos Humanos en América Latina y el Caribe (2001), en
particular a funcionarios, universidades, ONG y a toda la población.

Se invitan a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura y a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos a:

Establecer un mecanismo que vigile la ejecución de las recomendaciones de
la Conferencia Regional sobre Educación en Derechos Humanos en América
Latina y el Caribe (2001), en estrecha colaboración con organizaciones e
instituciones regionales y nacionales en el campo de los derechos humanos.

Prestar apoyo y destinar recursos para la formulación y puesta en práctica
de programas nacionales y estrategias regionales en educación en derechos
humanos con otros organismos, instancias y programas del sistema de la
ONU, así como organizaciones intergubernamentales regionales.

Fomentar la creación de redes nacionales y regionales para la educación en
derechos humanos, así como brindar mayor apoyo a las ya existentes con el
fin de facilitar, intercambiar experiencias y promover la difusión de
prácticas en la región.

Implementar mecanismos de seguimiento de la Década y elaborar un Plan de
Acción de Seguimiento que sea difundido ampliamente.

Por último, se propone a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos realizar un informe por país que dé
cuenta del resultado obtenido al finalizar la Década y se le invita
también a fortalecer la presencia de su oficina a escala regional y
subregional en el ámbito de la educación en derechos humanos.



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